La llamada «Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Pública», en pleno proceso de tramitación en las Cortes, pretende atajar algunos de los flecos sueltos del intenso programa de destrucción del mundo rural tradicional lanzado por el liberalismo en el siglo XIX. Dos de esos resquicios, ya extremamente descaracterizados frente a su forma primigenia, son el Concejo Abierto y los Bienes Concejiles. En ambos casos, lo que fue asamblea popular omnisoberana y patrimonio bajo su exclusiva jurisdicción, hoy son apenas reducidísimas concesiones administrativas formales del Estado.
